7.- COLOMINES I COMPANYS

El Ayuntamiento edita en 1987 “Catarroja 1936-1939, insurgente y administrada”, que escribe Agustín Colomines i Companys.

He de recomendar a quien quiera leer este libro que se provea, previamente, de un diccionario de la lengua catalana, para poder entender lo que lee. El libro viene a ser, en resumen, un canto a los anarquistas de Catarroja. La conducta de los libertarios fue, bajo cualquier punto de vista, según el autor, totalmente ejemplar, sus dirigentes hombres de pro, el llamado “Muntó” modelo de Colectividad de Campesinos, en la que todas las tierras administradas fueron aportadas voluntariamente por sus propietarios.

Ya en el prólogo, que firma Josep Benet, se dice que el autor ha recogido su información, entre otros medios, de entrevistas que ha celebrado con testigos de los hechos, personas de todas las tendencias. Nadie ha quedado excluido de aportar su testimonio, excepto aquellos que voluntariamente han preferido callar. El autor no desvirtúa esta afirmación. En el libro cita como informantes a Salvador Peris, Juan Alapont, Julio García Alapont y Ricardo Ruiz Catalá, los cuatro pertenecientes a la CNT-FAI. Ni un solo testimonio de personas partidarias de la España opuesta, de los familiares de quienes fueron asesinados en la retaguardia de la zona republicana. ¿Hay que deducir, por tanto, que voluntariamente prefirieron callar? ¿Hay que pensar, en consecuencia, que mucho tendrían que ocultar cuando todos callaron? No, la cuestión es mucho más simple. Lo sucedido es que el autor miente, no falta a la verdad por error, lo hace de manera consciente. En 1987, cuando se edita su libro, no solamente había muchos familiares de los asesinados, sino también muchos vecinos a quienes se les había incautado tierras, a quienes se les había exigido aportaciones económicas, a quienes se les había registrado sus domicilios, llevándose de ellos muebles, alhajas u objetos de valor, o se les había obligado a dejar su domicilio para ser ocupado por dirigentes del Frente Popular. Con ninguno de ellos se entrevista el historiador Colomines. A mí personalmente me cita como hijo y hermano de dos de los caídos y, además, como Alcalde franquista. Averigua que mis dos familiares figuran en la Cruz de los Caídos de Catarroja y en la de Lucena del Cid, pueblo de nuestro origen. Cuando escribe su libro, en 1986, sabe que vivo aquí, con mi mujer y mis hijos, todos de Catarroja. Si lo que pretendía es escribir una historia que reflejara la verdad de los hechos ¿por qué no se entrevistó conmigo para recoger, al menos, una información del bando opuesto al suyo y el de sus reconocidos informantes? Estuve también condenado a muerte, encerrado en una celda de la que cuantos en ella entraron salieron con destino a morir en una cuneta. Me salvó posiblemente mi edad de 16 años y la intervención de quien se interesó por mí. En otras páginas daré el detalle de este indulto. Pues bien: quien lea lo que este señor ha escrito tiene que pensar: ¿qué monstruosidades habrá cometido Emilio Porcar cuando teniendo ocasión de manifestar las injusticias cometidas con su familia prefirió callar? No es ésta la única falsedad que contiene un libro plagado de mentiras. En la página 25, al tratar de la Colectividad Confederal de Trabajadores Campesinos, dice que el llamado vulgarmente “Muntó” no forzó la integración de nadie ni expropió toda la tierra del término municipal. Todos los campos administrados por la Colectividad fueron aportados voluntariamente por sus propietarios. Expropiar bienes privados es una facultad exclusiva de la administración pública que puede, por el interés general, apropiarse bienes privados pagando a sus propietarios, como mínimo, el importe de su valor. Cuando no se hace así, estaremos ante una expoliación, lo que constituye un delito. Ni el interés general justifica que a nadie se le prive de su propiedad gratuitamente. Solo la Administración pública (Estado, Comunidades Autónomas, Diputaciones provinciales, Ayuntamientos) pueden expropiar, pero nunca expoliar. Una Colectividad no es órgano de la Administración pública por lo que no puede ni expropiar aun pagando su valor. Cuando pone bajo su dominio algo ajeno, contra la libre voluntad de su dueño, comete siempre una expoliación. Por eso Agustín Colomines nos dirá que todas las tierras administradas por el “Muntó” fueron aportadas voluntariamente por sus dueños, lo cual fue posible en los casos de campos de dos o tres hanegadas, en los que sus propietarios, a la vez labradores y braceros, se decantaron por el jornal seguro dejando el cultivo de su escasa tierra. Fuera de estos casos y teniendo en cuenta el afecto anímico que el agricultor valenciano siente por su tierra ¿puede comprender alguien que campos con extensión considerable fueran voluntariamente transferidos para que los administrara una colectividad de jornaleros? Entre las fincas integradas en el “Muntó” estaba el campo de 320 hanegadas, plantadas de naranjos, llamada Huerto de Estela, probablemente la mayor finca del término. Cuando corrieron rumores o surgieron fundadas sospechas de que pudiera ser asesinado, don Salvador Estela se escondió. A sus familiares no les dejaron continuar el cultivo del huerto. La Colectividad alegó que su dueño había abandonado la finca y el “Muntó” la tomó por su cuenta. Con esa dinámica, bastaba hacer correr la noticia de que algún propietario pudiera estar bajo el punto de mira de la CNT para que se escondiera y los anarquistas pudieran adherirse la tierra abandonada. Esto fue lo que Colomines llama entrega voluntaria. Algo de razón tiene. Si a uno le daban a elegir entre entregar la tierra o esperar que le aplicaran la ley de la cuneta, nada ni nadie le obligaba a entregar la tierra. Así fue como los anarquistas se vieron obsequiados con un buen patrimonio agrícola.

En la página 105 nos dice el historiador que la Colectividad ocupó solo las tierras abandonadas por sus propietarios y que, con estas tierras y aquellas que aportaron los pequeños propietarios, afiliados o no a la CNT, se formó la Colectividad, para añadir en la 111 que había una Junta Calificadora encargada de evaluar las personas sospechosas de ser consideradas facciosas y desafectas al régimen que podían ser privadas de sus tierras en beneficio del “Muntó”, basándose en el argumento de que, en relación con los trabajadores, habían pagado siempre jornales de miseria. En la página 113 aparece una relación de 17 propietarios de cuyas tierras pasa a ocuparse la Colectividad. Son 932 las hanegadas que el “Muntó” recibe entregadas voluntariamente por sus propietarios. Uno de ellos, José Ferrer Guillem, tiempo después, en diciembre de 1937, interpuso demanda reclamando sus tierras que le habían sido expoliadas. Consecuencia de este recurso, el Alcalde, señor Molinos, transmitiendo disposición de órgano superior, ordenó a la Colectividad la suspensión de la recolección de la cosecha en las fincas incautadas a José Ferrer, a lo que la Colectividad se negó. El resultado final de este recurso, después de repetidas negativas de la Colectividad, fue la devolución de las tierras a su propietario. En la página 154, el historiador Colomines transcribe un informe de la Colectividad de Catarroja al Comité Regional de Campesinos, del que extractamos algunos de los argumentos que dan nuevas luces sobre la afirmación de Colomines sobre la aportación, no forzada, de las tierras. Dice el informe que la Colectividad tiene incautadas varias fincas procedentes de elementos facciosos, declarados desafectos al régimen, entre ellas dos fincas de José Ferrer Guillem, que fue Cabo del Somatén y Concejal durante la Dictadura; que el Instituto de Reforma Agraria había dispuesto la suspensión de la recolección de la cosecha pendiente o la entrega de su importe al Ayuntamiento hasta la resolución del recurso; que ese Instituto había finalmente resuelto la devolución de los dos campos a su propietario. El final del informe merece la copia íntegra y literal; “Lo que ocurre a la CNT es insostenible, de ninguna manera puede consentir que se nos atropelle; es ya hora de exigir el respeto que merecen nuestras Colectividades y Sindicales puesto que la CNT ha contribuido y contribuye como el que más al triunfo de la guerra contra el fascismo. Esta Colectividad en nombre de las 210 familias que la componen se dirige a este Pleno Nacional para que se ponga todos los medios que estén a su alcance para evitar los atropellos de que somos víctimas, advirtiendo que de no hacerlo, seríamos desposeídos de todas las tierras que tenemos incautadas, pues hoy en este caso, mañana serán otros y así irán sucediéndose hasta dejarnos completamente eliminados. Salud y anarquía”.

Todo esto lo inserta el historiador don Agustín Colomines y Companys, en las últimas páginas del libro en el que había afirmado, repetidamente, que ninguna aportación de tierras a la Colectividad había sido forzada. Todas fueron voluntarias.

Con el final de la guerra, vino el final del “Muntó”. Según comentarios que oí tiempo después, sus almacenes en la casa de Vivancos estaban repletos de las últimas cosechas; que todo desapareció inmediatamente en manos de la administración franquista. No puedo formar opinión sobre esto. Estaba en un hospital en Orense. Bien pueden ser infundios de los componentes del “Muntó” que, según hemos visto en el informe anteriormente trascrito en parte, se consideraban víctimas de atropellos. También es posible que fuera cierto y que alguien o algunos se aprovecharan del río revuelto de la terminación de la guerra, que mucho hay de cierto eso de que en todos sitios cuecen habas. Pero en el supuesto de que fuera cierto lo que decían los del “Muntó” tendrían que dar alguna explicación. En las páginas 129 a 132, se detalla la escasez de alimentos que sufría la población. “El mes de agosto de 1938, el abastecimiento de pan era nulo. El Consejo Municipal constata que al menos desde hace una quincena no se vendía pan. Si esto ocurría en agosto del 38 ¿qué no sucedería siete meses después, al final de la guerra? Si al llegar las tropas de Franco, los almacenes de la Colectividad estaban llenos y el pueblo no podía comer, algo tendrán que explicar los componentes del “Muntó, que se habían convertido en la aristocracia del pueblo.

Lo más importante para saber qué es lo que pasó en la retaguardia de la zona republicana, es comprender en primer lugar qué organización política o sindical tuvo en sus manos, en cada pueblo, el poder de decidir a partir del momento en que, fracasado el Alzamiento militar, el Gobierno entrega las armas al pueblo para iniciar la guerra contra los facciosos. Esta decisión no la quiso tomar Casares Quiroga, presidente del Gobierno el 18 de julio. El Jefe del Estado, señor Azaña, nombró nuevo Gobierno, presidido por don José Giral, que aceptó la decisión de don Manuel y puso las armas en manos de la fuerza sindical que había hecho frente al ejército sublevado. La verdad es que en ningún sitio los militares habían sido vencidos exclusivamente por las fuerzas sindicales. Fueron los militares y los mandos de la fuerza pública no sublevados quienes, con el apoyo de los sindicatos, habían impedido el triunfo de los rebeldes. De las dos centrales sindicales mayoritarias, fue la CNT, no la UGT, la que había intervenido masivamente en la lucha. El Presidente de la República, Don Manuel Azaña cometió el enorme error de desconfiar de la parte de Ejército y fuerza pública que había permanecido leal a la república y entregar las armas a la CNT-FAI. Enviaron a los soldados a sus casas y se crearon, en lugar de unidades del Ejército regular, columnas de milicianos, al mando, en algunos casos, los menos, de militares notoriamente izquierdistas. En definitiva, las organizaciones políticas, muy numerosas pero con escasa influencia y las organizaciones sindicales, solo dos, pero una, la CNT, con una enorme fuerza, optaron por el poder que pasó desde el primer momento a manos de la CNT-FAI, especialmente en los pueblos.

Al ganar las elecciones de febrero del 36, el Frente Popular, con los votos de los libertarios, sin esperar la convocatoria de nuevas elecciones municipales, fueron destituidos todos los Ayuntamientos en que no había mayoría de izquierdas y nombradas Comisiones gestoras, compuestas, exclusivamente, por representantes del Frente Popular. Mas como los anarquistas no admitían en sus esquemas políticos la existencia de Corporaciones Municipales, no quisieron participar en esas Comisiones gestoras, lo que hubiera sido contrario a sus principios. De ahí que, fracasado el Alzamiento, con las armas y la autoridad bajo su dominio, el Gobierno, las Diputaciones y los Ayuntamientos estuvieran sin representación de la organización que tenía en sus manos el poder fáctico.

El cambio que CNT-FAI iba a realizar no cabía dentro de los límites de un estado de derecho. Los libertarios iban a emplear procedimientos y crear órganos nuevos que sin el más mínimo respeto a la legislación vigente realizase una revolución social en que todo sería distinto. No existiría la propiedad privada, todos aportarían su trabajo a la sociedad según sus capacidades y todos recibirían retribución de la sociedad según sus necesidades.

En Aragón crearon, al margen de toda legalidad, sin intervención alguna del Gobierno, un Consejo General, al mando de la CNT-FAI que hizo lo que le vino en gana. En cada pueblo del resto de España, surgió un Comité llamado de Defensa, Revolucionario o Antifascista, con intervención de los partidos políticos organizados en la localidad, más la CNT y la FAI.

El de Catarroja se llamó, según Colomines, Comité de Defensa. Añade que no es fácil determinar las competencias que asumió, que en todo caso parece probado que dominó muy bien la situación intentando reconducir la política local por la vía de la moderación. ¿Cómo se podrán determinar competencias que no figuren en ninguna disposición gubernativa? Legalmente ninguna. Extralegalmente, ilimitada. El Comité dispuso de vidas y haciendas de los vecinos, practicaron los milicianos registros domiciliarios llevándose de ellos muebles, alhajas, cuanto quisieron, (Don Jacinto Benavente llamó a estos milicianos los nuevos Registradores de la Propiedad). Expulsaron de sus casas a algunos propietarios para ocuparlas ellos. Se incautaron de los automóviles para su uso personal, Se apoderaron de fábricas y empresas que pasaron a ser dirigidas por el Control Obrero que formaron sus trabajadores. Obligaron a los vecinos que disponían de algunos ahorros a que les entregaran parte de ellos, para lo cual se informaban antes de los saldos que tenían en las libretas de ahorro o cuentas corrientes, contando con la colaboración de algunos de los empleados bancarios. Constituyeron Colectividades Agrícolas, como hemos visto, con tierras usurpadas a sus propietarios, abrieron las cajas de alquiler de los bancos, donde los clientes guardaban alhajas, oro, monedas, billetes, que se llevaron sin la más mínima dificultad. Y, esto es lo peor, decidieron eliminar, inmolándolos, a vecinos que nada tenían que ver con el Alzamiento militar, que ningún peligro ofrecían para los fines de Defensa que era, nominativamente, la misión del Comité.

El historiador que nos da siempre los nombres y apellidos de quienes forman la Corporación municipal o la Comisión gestora, silencia ostensiblemente la personalidad de quienes constituyen el Comité, aunque ensalza ¿cómo no? la labor que realizó, “intentando reconducir la política local por la vía de la moderación”. En ningún momento ha dicho que la vida local se hubiera salido de la vía de la moderación. Cuando realmente la vida local entra en el desmadre es, precisamente, cuando empieza a actuar el Comité. Por eso Colomines no nos dice quienes lo componían. Una vez más el historiador falsea la realidad. En la página 58 nos dice que está compuesto por dos representantes de cada una de estas organizaciones: CNT, FAI, UGT, PSOE e Izquierda Republicana. Cinco páginas después en la 63, detalla: 2 de Izquierda Republicana, 3 de CNT, 1 de UGT, 2 de PSOE, 2 de Partido Comunista. Nombres, ni uno. ¿Por qué si tan moderados fueron?
En la página 140 da la lista de quienes, al final de la guerra, figuraban en la Cruz de los Caídos, con una información que, tratándose de un Catedrático de Historia, resulta sorprendente. De Fernando Ribes Santacreu, el blasquista histórico, Alcalde republicano desde la monarquía, dice que fue trasladado al Puerto de Valencia donde “murió”. No fue asesinado, fusilado ni ejecutado. Simplemente murió. Pudo añadir “de muerte natural” porque ¿qué mas natural que morir cuando a un cuerpo se le mete un montón de balas? Emilio Chust Estivalis, labrador cualificado, había sido Alcalde 20 o 30 años antes; tenía dos hijas y un hijo, ciego de nacimiento. Fue muerto a la puerta de su casa, delante del hijo ciego y de sus dos hermanas, según Colomines por un “escamot” (grupo terrorista) de la Columna de Hierro. Hombre de fuerte constitución física, aunque ya maduro en edad, no pudieron sus ejecutores hacerle subir en el coche para llevárselo, se agarró a los hierros de una ventana, de los que no lograron soltarle. En esa posición le dispararon y remataron. Colomines no implica al Comité en esa muerte ni en ninguna. Fueron, según él, unos milicianos de la Columna de Hierro, que luchaban en el frente de Aragón, quienes, no se sabe por qué, vinieron a Catarroja a matar a un labrador que tenía dos hijas y un hijo ciego. De José Navarro Roser, guardia civil, dice que tuvo una trifulca en los locales del Ateneo Libertario y que hubo otro guardia civil que “es posible que sea Saturnino Rodrigo Chirleu.” Este en realidad era muy conocido por su oficio de carnicero. Colomines le supone guardia civil. Juan Ramón Ferrís, uno de los “Barriños”, hijo del que después, en el principio del franquismo fue Alcalde, Juan Ramón Raga, murió durante la República, antes del Alzamiento militar. Esto según Colomines. La verdad es que no madrugaron tanto quienes decidieron su muerte, porque le asesinaron, como a todos, durante la guerra civil. Casado con una extranjera, creo que sudamericana, tenía Juan Ramón Ferrís uno de los escasos coches que había en el pueblo que “quedó abandonado” al “morir” su propietario, por lo que los jerarcas de la CNT lo acogieron bajo su amparo. De la muerte de Rafael Vidal Soria no nos dice el historiador ni una sola palabra. Era Rafael Vidal hijo del Secretario del Ayuntamiento, don Santiago, excelente persona y funcionario. El hijo ingresó en el Seminario, del que salió sin terminar, para hacerse Abogado. Preparaba oposiciones a la judicatura. Carecía totalmente de amigos y amigas. Solo se le podía ver cuando por la calle Mayor, donde vivían, iba o venía del tranvía para asistir en Valencia a una academia de preparación. Era un muchacho tímido que no prestaba atención más que al estudio de los temas que estudiaba. En nada de lo que ocurriera en Catarroja tuvo la más mínima intervención. Nadie supo nada de sus ideas políticas, pero había sido seminarista, era abogado y pretendía ser juez. Aquellos luchadores por la libertad no podían permitir tanta provocación.

En cuanto a mi padre, José Porcar Peña y mi hermano Luis Porcar Lliberós, hace constar Colomines que aparecen en la Cruz de los Caídos de Catarroja y de Lucena, de donde eran nativos Acierta en esto, lo que es sorprendente, el historiador, que nos aporta un testimonio de su trabajo de averiguación. Para evitar que alguien piense que mi familia recibió doble recompensa, o mi madre dobles pensiones por la muerte de su hijo y esposo, hago constar que ni mi familia, ni mi madre en concreto, recibieron del Estado ni de los municipios ni de ningún organismo oficial o privado, ni de ningún otro orden, ni un solo céntimo por la muerte de mi padre y de mi hermano, ni tampoco por los muebles de mi casa que, aunque modestos, se llevaron también aquellos señores, La máquina de escribir que quedó en el Juzgado, se la llevó a su casa quien le sustituyó como secretario, a pesar de ser advertido de que era de mi padre, no del Juzgado. Lo único que pudimos recuperar fue el despacho de mi hermano, que estuvo durante toda la guerra al servicio de la UGT.

En cuanto a la muerte de éste, las licencias que frente a la verdad se toma constantemente el historiador tienen aquí la máxima muestra de descaro. Si no fuera tan evidente la falsedad, podría admitirse la posibilidad de que obedeciera a un descuido o a una deficiente información. Dadas las circunstancias, que paso a explicar, hay que pensar necesariamente que don Agustín Colomines ha querido cometer, dando cumplimiento posiblemente a un encargo, una evidente villanía.

La noche del 27 de agosto de 1936, estaba mi hermano sentado en la acera de la casa de su novia, donde provisionalmente había quedado viviendo al irnos todos a Lucena. Estaban también los padres y alguna otra hermana menor. Había sido un día muy caluroso y la mayoría de los vecinos estaban a la puerta de sus casas refrescando de los ardores del día De momento se presentó un coche con milicianos fuertemente armados, detuvieron a mi hermano y se lo llevaron. El hecho fue visto por mucha gente, todo los que estaban sentados en la acera o paseando por la calzada. La noticia se propagó rápidamente: unos milicianos se habían llevado a Luís Porcar. La mañana siguiente se presentó en la casa de su novia un concejal socialista y se llevó el despacho. Cuantos quisieron pudieron ver el cadáver de mi hermano que dejaron en uno de los campos cercanos a la fachada del Cementerio de Valencia. No fueron pocos los que le vieron porque mi hermano y su novia eran bastante populares: él tenía 23 años y había empezado a ejercer como abogado; ella era muy joven, tenía 17 o 18 años y una destacada belleza. Nosotros, en Lucena, nos enteramos a los 10 ó 12 días de su muerte, al sernos devuelta una carta que le habíamos escrito, con una nota al dorso que decía: se ausentó sin dejar señas.

Doy todos estos detalles para que se vea que ninguno de los asesinatos tuvo la notoriedad de éste pues la detención se realizó a la vista de mucha gente. Todavía hay personas, a pesar de los años transcurridos, que me dicen haberla presenciado. Pues bien: don Agustín Colomines i Companys, hoy Catedrático de Historia de una Universidad Catalana dice, en la página 64 que Luis Porcar “s’escapolí” y que al acabar la guerra apareció su nombre en la Plaza de los Caídos. Duda que fuese muerto en los primeros momentos porque la Junta del Sindicato de Riego de las Partidas del Puerto se refiere a él como a un deudor del que no se puede cobrar porque no se sabe donde para. Añade Colomines (¡cuanta sagacidad!) que de haber muerto en el pueblo, no se le citaría así.

Luís Porcar no tenía tierra ni en las partidas del Puerto ni en ningún otro lugar del universo, ni ningún otro motivo del que pudiera resultar una relación de orden económico con ese Sindicato de Riegos, salvo el ejercicio de su profesión. Algún asunto debió encomendarle el Sindicato, le haría una provisión de fondos y, pendiente la cuestión, fue asesinado. El Sindicato cancelaría la cuenta y disfrazó el motivo para ocultar la verdad. El señor Colomines que averiguó lo de las Cruces de Caídos de Catarroja y de Lucena y esta anécdota sin importancia del Sindicato de Riegos, no se enteró ni por gestión propia ni por medio de sus informadores, de lo que todos sabían, que había sido detenido por unos milicianos a la vista de mucha gente y asesinado una hora después. Cuando escribió su obra, 1987, sabía, y así lo dice, que yo había sido Alcalde. Pudo preguntarme, máxime cuando dice que a todos les dio ocasión de manifestarse. Debió pensar por su cuenta, o por la inspiración de sus informadores que, fuera cual fuera la verdad, lo que quedaría para la historia de Catarroja es lo que él escribiera. Presentó a Luis Porcar como un vulgar mangante que, perseguido por sus acreedores, se escapó del pueblo para aparecer después, como de matute, en dos Cruces de Caídos.

Realmente da pena, muchos años después, cuando los odios y las pasiones deben dejar paso al juicio mesurado y sereno, ver que el odio, la pasión y el desprecio a la verdad subsisten, y no en aquellos que fueron víctimas del horror que en los dos bandos tuvieron que sufrir, sino en gentes que se libraron y en nada sufrieron aquellos horrores e injusticias. Y a uno le duele, le tiene que doler, un libro tan lleno de falsedades como éste. Luis Porcar dejó, en cuantos le trataron, un recuerdo ameno, porque era un joven agradable, nada engreído, incapaz de querer mal a nadie. En mi familia quedó, a su muerte un dolor imperecedero. Era el hermano mayor al que los demás tomábamos como ejemplo. Un historiador profesional ha querido que pase a la posteridad como un simple delincuente.

Y me duele también ¿cómo no? que ese libro haya sido editado por el Ayuntamiento de Catarroja, a cuyo servicio estuve generosamente durante más de quince años, de la edad de 35 hasta la de 50. Quince años que, en lugar de estar trabajando para los míos, intentando conseguir una posición económica que les protegiese frente al porvenir, estuve al servicio de los intereses del pueblo, cuyo Ayuntamiento, después, editará este libro de Colomines, donde así se falsea la muerte alevosa de una persona inocente. En mi pueblo, Lucena, quedan todavía dos amigos suyos, de su misma edad, nacidos en 1913. Si Dios quiere cumplirán en 2005, 92 años. A mi hermano unos señores que, según hoy dicen, lucharon por la libertad, solo le dejaron que viviera 23 años. Y nunca he podido comprender por qué.

La intervención de la CNT-FAI en las elecciones del 16 de febrero de 1936, dio el triunfo al Frente Popular, Según la central sindical, sus afiliados ascendían a un millón. Aunque estos cálculos con tantos ceros, nunca son de fiar, de lo que no hay duda es que el número de afiliados a la CNT era muy superior al de la UGT. Suponiendo que los encuadrados en la sindical libertaria solo fueran 500.000 y que cada uno de ellos representara, además de su propio voto el de otro familiar, estaremos ante un millón de votos recogidos por el Frente Popular, cifra que es superior a la de la diferencia que le sacó al conjunto de los partidos conservadores. En resumen: si los anarcosindicalistas o libertarios hubieran sido, como en las elecciones de 1933, fieles a su principio de no votar, el triunfo en las elecciones de 1936 hubiera sido para las derechas. No es que estemos negando la legitimidad de la victoria del Frente Popular. Lo que decimos es que, visto el resultado de las elecciones, el triunfo del Frente Popular se debió a esta decisión, totalmente lícita, de la CNT-FAI de impedir el triunfo de las derechas. Esta circunstancia fue automáticamente percibida por todos, por los partidos del Frente Popular y, también, naturalmente por los anarcosindicalistas. La consecuencia fue que la CNT-FAI, sin un solo diputado en el Parlamento, sin ningún representante suyo en ningún órgano político, asumió una buena porción de poder.

En Catarroja, cuya población laboral era preponderantemente campesina, se creó aunque no de derecho sí de hecho una bolsa de trabajo que acogió a los más de trescientos braceros, para darles un jornal diario. El método era distribuirlos adjudicando cada día los que carecían de jornal a los distintos labradores que eran propietarios de tierras. La protesta del labrador por esta adjudicación forzosa, alegando que no tenía trabajo para el bracero adjudicado no tenía ninguna eficacia. La respuesta era: No hace falta que le dé trabajo, basta que le pague el jornal. El tono de amenazas, los gestos de revancha, el clima de violencia creado por las sindicales, en especial CNT, hizo que los labradores tuvieran que aceptar, muy a pesar suyo, esta situación.

Sobre esto dice Colomines en la página 36:“Socialmente hablando, la situación anterior a la insurrección militar estuvo marcada por el triunfo del Frente Popular. Este hecho propició en Catarroja el entendimiento, sincero o no, lo mismo da, entre la patronal y los trabajadores del campo. El acuerdo se refleja por dos aspectos importantes. En primer lugar, la firma de las Bases de trabajo agrícola entre los propietarios y los sindicatos UGT y CNT por mayo de 1936, bajo el arbitraje de la Comisión gestora municipal y, en segundo lugar, el acuerdo entre una Comisión patronal y una de los obreros campesinos para establecer una serie de sanciones a los infractores de la Bolsa de Trabajo catarrojense”.

Volviendo a la etapa anterior al comienzo de la guerra civil, desde el 16 de febrero al 18 de julio de 1936, hay que tener en cuenta la quema de la Iglesia parroquial, el día uno de mayo. No fue quemado el edificio. Sacaron a la plaza las imágenes de las capillas y del altar, los objetos de culto, todos los documentos de la casa abadía, entre ellos el Registro Parroquial (matrimonios, nacimientos, defunciones) libros estimables porque contenían datos anteriores a los que figuraban en el Registro civil, en el Juzgado municipal. Este Registro civil fue creado en 1880. El Parroquial contenía datos muy anteriores que se perdieron ante el furor iconoclasta de los asaltantes. El Párroco y los vicarios, creo recordar que eran tres, huyeron esa noche ante el temor, probablemente, de ser echados también a las llamas. El motivo que impulsó a los anarquistas a estos hechos fue, según Colomines, el aumento de las tarifas eléctricas. Áteme esa mosca por el rabo. ¿Qué tendría que ver la Iglesia de Catarroja con Hidroeléctrica española? Ciertamente desde el triunfo electoral de las izquierdas y la ocupación del poder por el Frente Popular habían subido los diarios de 10 a 15 céntimos, el viaje en tranvía a Valencia de 25 a 30 céntimos, o de 30 a 35, no estoy seguro. En esta subida extensiva de precios, pudieron subir también las tarifas eléctricas pero de todo ello si a alguien cabía culpar sería al gobierno, que autorizaba estas subidas. ¿A santo de qué (nunca mejor dicho) a la Iglesia?

Dice Colomines que de Gobierno civil enviaron una Compañía de guardias de Asalto a Catarroja, pero no pudieron averiguar ni, por tanto, prender, a los autores del incendio. No puedo creer eso. Trabajaba yo entonces, a mis 16 años, en el Juzgado municipal, del que mi padre era Secretario. Se empezaron a instruir el 2 de mayo diligencias preventivas de sumario por los hechos delictivos cometidos la noche anterior. Puesto mi padre en comunicación con la Guardia civil le dijeron que desde el Cuartel habían dado cuenta por teléfono a la Comandancia de Valencia del incendio de la iglesia. Les dijeron que comunicarían con Gobierno civil y llamarían al Cuartel para dar órdenes. Pasados unos minutos recibieron la orden de que no saliesen del Cuartel en el cual deberían estar vigilantes por si eran atacados. Lo que dice Colomines de que no pudieron averiguar quienes eran los autores del incendio es una inocentada. Eran todos sobradamente conocidos, notoriamente anarquistas. Se recibió declaración a cuatro o cinco de ellos, que fueron detenidos y conducidos al Juzgado de Instrucción de Torrente, que les puso inmediatamente en libertad. Del sumario nunca más se supo. Esta circunstancia de que el Juzgado municipal fuera lo único que se movilizara contra los incendiarios, cuando la Guardia civil se había abstenido y el Juzgado de Instrucción les había soltado, fue para mí, visto a posteriori, lo que determinó que in pectore dictaran los anarquistas la pena de muerte contra mi padre.